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Género y políticas de drogas.

“Mujeres organizadas para proteger sus derechos humanos el proyecto SAFE en Filadelfia, Estados Unidos”
Análisis de una experiencia con enfoque innovador
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por María de los Angeles Lobos Palacios

Fundado en el año 2004, el proyecto SAFE tiene como misión promover los servicios de salud pública -sustentado en una perspectiva de derechos humanos- a mujeres que ejercen trabajo sexual y usan drogas en Filadelfia. Es una organización comunitaria que brinda educación y apoyo, desde el modelo de gestión de riesgos, a esta población altamente vulnerabilizada. Dentro de sus áreas de acción incluye: entrega de suministros para practicar sexo seguro y reducir riesgos en la inyección de drogas (con miras a reducir la propagación del Virus de Inmuno Deficiencia Humana -VIH- y otras enfermedades infectocontagiosas, como también prevenir las sobredosis), creación de boletín sobre clientes agresores, derivación a la asistencia pública y coordinación con las autoridades locales para la promoción de leyes más ecuánimes e inclusivas.
Se escoge como foco de análisis esta experiencia, ya que tiene la singularidad de ser un proyecto comunitario que surge desde las bases y promueve el trabajo entre pares, lo que le confiere un mayor grado de alcance y un cariz que trasciende lo teórico, en virtud de lo pragmático (programa de bajo umbral).

Asimismo la población con la que trabaja el proyecto resulta de interés dado la complejidad e interconexión entre sus prácticas. Según la Junta Internacional De Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) las mujeres y niñas constituyen un tercio de las personas que consumen drogas a nivel mundial, de las cuales se estimaba (en el 2010) que 3,8 millones eran usuarias de drogas intravenosas (JIFE, 2017). La prevalencia del VIH en mujeres usuarias de drogas es muy variable a nivel mundial, pero el riesgo de contracción del virus es mayor que el de la población general.
En general, el uso problemático de drogas aumenta el riesgo de muchas condiciones, incluyendo las de carácter físico (lesiones por intoxicaciones agudas -accidentes y violencia-, enfermedades infecciosas VIH/SIDA, hepatitis B y C y otras patologías crónicas – cirrosis, afecciones cardiovasculares, cáncer, enfermedades mentales- entre otras). Lo anterior dado por un estilo de vida poco saludable, la escasa asistencia a servicios y controles de salud, la exposición a conductas de riesgo y los daños directos de la ingesta de sustancias sobre el organismo (Torres, 2006).

Si bien el trabajo sexual y el consumo de sustancias no necesariamente son fenómenos concurrentes, sí recae sobre ellos un estigma y criminalización que acrecienta las brechas de exclusión social y vulnera aún más a quienes ejercen dichas prácticas. Tanto las usuarias de drogas como las trabajadoras sexuales, contravienen los estereotipos clásicos asociados a la feminidad, pues no cumplen con los roles de género normativos tradicionalmente asignados a ellas: “buena madre” o “buena esposa”.
La población objetivo entonces, con la cual trabaja el proyecto SAFE, sufre una cuádruple exclusión: son mujeres, usuarias de drogas, trabajadoras sexuales y -muchas de ellas- en situación de calle. Desde ahí resulta pertinente el concepto de interseccionalidad, que da cuenta de que la opresión proviene de diversas estructuras y entiende el género como una categoría dinámica que converge con otras desigualdades, comprendiendo que los diversos ejes que van articulando las diferencias, la estratificación social y la discriminación/opresión se encuentran interconectados (como por ejemplo: etnia, clase, género, entre otros) (Kauppert y Kerner, 2016).
En ese marco, el propio equipo del proyecto reconoce como limitante el posicionar su intervención desde y para mujeres blancas y cisgénero, para lo cual están estableciendo alianzas con otras organizaciones para ampliar el espectro población a la cual están llegando.

La confluencia de identidades y prácticas de ese grupo de mujeres, tal como se señaló, tiende a alejarlas de los servicios de salud oficiales donde muchas veces sufren violencia institucional, son juzgadas y revictimizadas. Desde ahí se puede postular que hay un marco de violencia que atraviesa a estas mujeres de carácter más estructural. El lugar donde se emplaza el programa, Kensington, ha llevado a su población a generar una economía basada en el comercio sexual y de drogas. Ello tras el proceso de desindustrialización de Filadelfia, lo que precarizó las condiciones de vida. Se visualiza entonces la intrincada relación entre capitalismo y patriarcado, donde los modos de producción van pauperizando a la población, y aún más a las mujeres quienes por el sólo hecho de ser mujeres ya se encuentran en una posición más desventajosa, magnificando las desigualdades.

Ese contexto de precariedad, similar a los escenarios latinoamericanos donde prima la feminización de la pobreza, propicia el ingreso de las mujeres en el mundo del trabajo sexual y el uso de drogas, lo que a su vez las expone aún más a sufrir agresiones físicas o sexuales. Según la Organización Mundial de la Salud (2016) un 35% de mujeres de la población mundial han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida, lo que a su vez aumenta el riesgo de generar un uso problemático de drogas y mermar aún más sus condiciones de salud.
Como se visualiza, las múltiples problemáticas: pobreza, uso de drogas, comercio sexual, violencia y exclusión se encuentran interrelacionadas. De ahí la importancia de intervenciones integrales, como la que promueve el el proyecto SAFE, pues no es posible erradicar un tipo de desigualdad sin desmantelar las otras cadenas de opresiones existentes. Ello, bajo los supuestos propuestos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), según los cuales “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 3), lo que implica “el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación” (artículo 6).
Finalmente, cabe destacar uno de los motores del proyecto, “que cada mujer pueda decidir lo que es mejor para sí misma y su comunidad” (Roth y Bowles, 2016, p.14). De éste se desprende un concepto de salud individual y particular para cada persona, acogiendo y propiciando la emergencia de las distintas subjetividades, no pretendiendo instalar una política universalizante ni imponer decisiones. Ello parece fundamental al momento de pensar intervenciones que tengan en consideración la perspectiva de género, para no reproducir la violencia histórica a la que han estado expuestas las mujeres.

 

Referencias

– Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer. “Convención de Belém do Pará. (1995). Recuperado de http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

– Giacomello, C. (2017). “Críticas y reflexiones para políticas de drogas centradas en las mujeres” (clase). Universidad de La República, Montevideo, Uruguay. 21 de noviembre, 2017.

– Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (2017). Informe 2016. Recuperado de https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2016/Spanish/AR2016_S_ebook.pdf

– Kauppert, P. y Kerner, I. (2016). Un feminismo político para un futuro mejor.
Nueva Sociedad, nº 26, 77-88. Recuperado de
http://nuso.org/media/articles/downloads/4._TC_Kauppert_256.pdf

– Organización Mundial de la Salud. (2016). Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

– Roth, L. y Bowles, J. (2016). Género y políticas de drogas: “Mujeres organizadas para proteger sus derechos humanos el proyecto SAFE en Filadelfia, Estados Unidos”. Recuperado de https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/06/DONE-9-ProjectSAFE_SPA_FINAL_REV.pdf

– Torres, J. (2006). Comorbilidad de trastornos mentales y adicciones. Ponencia presentada en el VII Congreso Nacional de Especialistas en Adicciones “Depresión, ansiedad y trastornos del sueño asociados al consumo de drogas”, Durango, Dgo. Recuperado de http://sid.usal.es/idocs/F8/ART11381/comorbilidad_trastornos_metnales_adicciones.pdf